¿Qué
es el ProNaLCI?
El Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad es un organismo del
Estado Nacional cuya misión específica es detectar la
impunidad y ofrecer alternativas para combatirla.
¿Qué
es la impunidad?
La ONU la ha definido como la ausencia de imputación penal a los autores de violaciones a los derechos
humanos, así como de su responsabilidad civil, administrativa o
disciplinaria.
Hay impunidad cuando el individuo escapa a toda investigación
tendiente a su imputación, arresto, juzgamiento y, en caso de
probarse su culpabilidad, a recibir una pena apropiada al delito
cometido. Este ciclo sólo se termina cuando se reparan los perjuicios sufridos por las víctimas.
¿Cómo
se vincula con los Derechos Humanos?
En los Estados modernos no es
admisible que se cometan crímenes contra los derechos humanos
sin que exista castigo alguno. Hacerlo,
es aprobar implícitamente la moralidad de estos actos, porque
aquello que se hizo una vez sin pena alguna puede repetirse.
Estas prácticas sin sanción generan una impunidad
estructural que lesiona los derechos humanos de la población. La
calidad de vida del país depende también de un Estado
activo en combatir la impunidad.
¿Por
qué se creó el ProNaLCI?
Es innegable que una
porción importante de la población tiene enormes
dificultades -tanto económicas como políticas y
culturales- para acceder a la justicia. Esto conspira con la falta de
control, protocolos de actuación pericial, profesionalismo y
recursos de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Desde hace años, cientos de familias denuncian abusos y reclaman
justicia. Son casos que tienen origen en causas armadas, falsas
denuncias e imputaciones, violencia institucional, incumplimiento del
debido proceso y una larga lista de fenómenos legales en los que
la ausencia de sanción surge como un fenómeno evidente
que no puede ser ignorado.
¿Cuáles
son sus objetivos?
La misión
central consiste en diagnosticar y desactivar los
mecanismos de impunidad. Se intenta romper el aislamiento que padecen
las víctimas con sus reclamos de justicia, impulsando medidas
que permite a las autoridades adoptar estándares de
actuación basados en el sistema universal y regional de derechos
humanos.
¿Cómo
se detecta la impunidad?
La impunidad es un fenómeno
complejo en el que confluyen aspectos jurídicos,
políticos, culturales, sociales y económicos por lo que
se procura abordarlos mediante un enfoque interdisciplinario.
De allí la importancia de interactuar no sólo con las
agencias del Estado sino también con universidades, colegios
públicos y colectivos de profesionales, porque al hacerlo se
evita circunscribir la mirada al fenómeno desde un único
y parcial punto de vista. Tener la capacidad de hacerlo es signo de un
Estado moderno.
Ante un presunto hecho de impunidad el ProNaLCI observa la respuesta de
las agencias estatales involucradas en atender los pedidos de justicia
e identifica los derechos vulnerados. Esta metodología permite
determinar si se responde activamente ante las denuncias y si el Estado
cumple en brindar medios efectivos para proteger y asistir a las
víctimas.
¿Qué
no hace el ProNaLCI?
No reemplaza ni sustituye las
Fiscalías judiciales, Defensorías públicas o
Defensorías del pueblo. Por el contrario, se debe recurrir a
estos organismos para que ProNaLCI concentre sus esfuerzos en los casos
en los que la impunidad es evidente.
Tampoco brinda asistencia social o jurídica. Estos pedidos se
derivan a los organismos estatales que fueron creados para ese fin. No
obstante, observamos cuando hay un contexto social vulnerable y
procuramos articular acciones desde el Estado Nacional para
proteger y resguardar los derechos fundamentales.
¿Quiénes
lo integran?
El ProNaLCI cuenta con abogados,
otros profesionales y familiares de víctimas que acuerdan planes
de trabajo con los denunciantes para encaminar apropiadamente la
demanda de justicia.
No sólo hablamos de combatir la impunidad de los responsables
del terrorismo de Estado; sus víctimas y los familiares de
éstas transmitieron una experiencia fundamental de lucha por la
verdad y la justicia. Por eso en el ProNaLCI confluyen familiares de
víctimas que ganaron una reconocida experiencia en luchar para
que sus casos no quedaran impunes. Ellos también generan
propuestas para acabar con la impunidad.
A nivel nacional se organiza en diversos equipos de trabajo con
competencias específicas que interactúan bajo una
coordinación legal, técnica y administrativa que recibe
el asesoramiento, consulta y apoyo de un Consejo Interdisciplinario
integrado por familiares de víctimas, expertos,
académicos y Organismos de Derechos Humanos.
¿De
quién depende el ProNaLCI?
Funciona en el marco de la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Organismos de derechos humanos y agrupaciones de víctimas
asesoran al Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad a
través de un Consejo Interdisciplinario de Expertos y Familiares
de Víctimas de Hechos de Impunidad.
El ProNaLCI no es un organismo vinculante. Si bien la Justicia no
está obligada a adoptar las recomendaciones enunciadas, se
interactúa proponiendo acciones que resguardan los
derechos humanos y el acceso a la justicia. La información
producida constituye una base fundamental desde la cual generar
políticas públicas.
Los procedimientos judiciales y protocolos de actuación para las
policías y fuerzas de seguridad, así como las
recomendaciones en materia administrativa de los derechos humanos,
permiten al Estado cumplir su misión de garante de derechos.
¿Cómo
se trabaja con las provincias?
Los Estados provinciales que
adhieren al ProNaLCI deben constituir una forma organizacional
específica que coordinará sus tareas con la sede central,
en particular sobre normas para:
- la atención del público
- la comunicación con los órganos de Justicia y
Gobierno
- la documentación, resguardo y análisis de la
información recabada
- la comunicación pública institucional de
carácter
¿Qué acciones son prioritarias?
Las autoridades locales,
municipales y provinciales deben tomar contacto con el
ProNaLCI para realizar todos los esfuerzos necesarios a fin de
garantizar:
- el acceso a la justicia;
- la protección de las víctimas y sus familias;
- la adecuada capacitación de las policías en el
respeto de los
derechos humanos;
- la evaluación imparcial de las normas y procedimientos
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
- el adecuado resguardo de los grupos más vulnerables;
- la acción efectiva del Estado ante la desaparición
de una persona;
- la implementación efectiva de protocolos de
actuación estatal.
Estas son tan sólo algunas pocas acciones que reducen los
factores de impunidad.
Recuerde que una cultura participativa construye un Estado presente y
activo en la búsqueda de soluciones a los problemas más
urgentes de su comunidad.
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Coordinador:
Dr. Leandro Jarsun
Teléfono: 0800-122-5878
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Nuestras oficinas
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